jueves, 15 de noviembre de 2012

EL PODER ESTÁ MATANDO A LA JUSTICIA


El 12/11/2012 aparecía en la prensa la siguiente noticia: Las cajas de ahorros suspenden los desahucios a grupos vulnerables. Creo que la noticia debería haber sido: “Ninguna entidad intervenida por el Estado y ninguna entidad acogida al dinero estatal facilitado por el FROB, está legitimada para llevar a cabo un desahucio”. Esa tendría que ser la noticia, porque ningún banco rescatado está legitimado éticamente para realizar desahucios. Su vulnerabilidad ha sido asumida por el Estado ¿no? Pues entonces, si hay que cambiar la Constitución que se cambie que ya está bien de que el peso de esta crisis financiera recaiga mayoritariamente en los que no la hemos provocado. ¿Es justificable que el Gobierno haya dedicado sumas millonarias a salvar y proteger  la banca y que no haya tomado ni una sola medida efectiva para acabar de una vez por todas con la desprotección de las familias de menos ingresos que pierden sus viviendas?  ¿Tan difícil era cambiar las leyes para establecer medidas como la dación de pago, la creación de tribunales que gestionasen la restructuración de la deuda familiar o la disminución temporal de las cuotas para las personas sin ingresos o en paro? Las ejecuciones hipotecarias han estado arrastrando una media de 526 desahucios diarios y han provocado suicidios y un sufrimiento personal y social tremendo. Tiene gracia, a los políticos del PP siempre les preocupa la imagen que se esté dando de España en el extranjero, ante una manifestación. Pero curiosamente no les preocupa la imagen que se esté dando de España ante los desahucios. Manifestaciones se da en cualquier país de Europa porque es una respuesta legal de los ciudadanos ante una política adversa. Sin embargo, según la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, la ley hipotecaria española puede ser incompatible con la europea porque no permite a un juez frenar los desahucios.  Dicha ley que rige en España data del año 1909. Por favor… ¿No es hora ya de que se modifique la legislación?

El pasado 9/11/2012, Amaia Egaña, vecina de la localidad vizcaína de Baracaldo, se suicidó momentos antes de que una comisión judicial, que se disponía a ejecutar una orden de desahucio, la obligase a abandonar su casa. A finales de octubre, un hombre de 54 años apareció ahorcado en su vivienda de Granada horas antes de su desalojo. Un joven, afectado por una ejecución hipotecaria, murió tras saltar desde un puente en Las Palmas de Gran Canaria. Y un varón de 50 años trató de quitarse la vida en Burjassot (Valencia) cuando iba a ser desahuciado. Al parecer en nuestro país se están produciendo entre nueve y diez suicidios cada día y un tercio de ellos, según se puso de manifiesto en un reciente congreso de Psiquiatría, son los que tienen que ver con problemas económicos de diversos tipos originados por la crisis. Es un dato horrible. Un verdadero drama cuya responsabilidad recae muy directamente sobre las autoridades e instituciones del Estado que hasta hace dos días no han hecho absolutamente nada efectivo para evitarlo, todo lo contrario, lo han provocado con las políticas que han venido aplicando e incluso lo han facilitado, como esos jueces que han llegado a decretar que los desahucios se llevasen a cabo sin previo aviso para evitar que la población acuda en ayuda solidaria de los afectados. Me pregunto cómo es posible semejante canallada. El suicidio de Amaia (tercero en menos de una semana); la presión social e institucional clamando por una solución inmediata al drama de los desalojos; y el tirón de oreja que ha dado el Tribunal de Justicia de la UE, obligó a que en el mitin de la campaña electoral catalana el Presidente del Gobierno indicara que espera concretar diversas medidas, como “la paralización temporal de los desahucios que afectan a familias más vulnerables”. Así mismo aseguró que quiere, dentro de ese paquete de medidas, poder hacer más fácil “renegociar la deuda y permanecer en la vivienda cuando eso no sea posible”. Por último, Rajoy remarcó que confía en dar pronto “buenas noticias” a los españoles y que este problema hay que abordarlo con “mucha humanidad”. Poco después de estas afirmaciones del Presidente del Gobierno, la Presidenta de Castilla-La Mancha Mª Dolores de Cospedal, decía ante los micrófonos: “Hay que agradecer al Gobierno esta sensibilidad”.

De verdad, a veces pienso que estos políticos han perdido completamente el norte. O sea, después de las pérdidas de vidas humanas, después de tanto sufrimiento y después de haber hecho oídos sordos a la presión popular durante tanto tiempo, el Gobierno actual descubre que tiene que tomar medidas y el gobierno anterior descubre que tiene que pedir perdón. ¿Y nosotros por esto debemos estar agradecidos?

El 27/09/2012, en la Asamble General de la ONU, Rajoy rechazando las manifestaciones contra los recortes, del 25-S, encomió “a la mayoría silenciosa” que no se manifiesta y que, a su juicio, asume los sacrificios sin quejarse. Vamos, exactamente igual que se nos dijo siempre: que seamos buenos, que no protestemos, que nos quedemos en casa calladitos que es así como deben actuar los buenos españoles, la gente decente, honrada, la gente de bien. Pues señor Presidente, siento disentir. Creo que los buenos españoles son los que sostienen la cordura de éste país; los que toman el pulso de los acontecimientos y no se achican; los que entienden que se está poniendo en juego la tranquilidad y el futuro de España; los que son conscientes de que los responsables de tanta incertidumbre, de tanto desmantelamiento financiero y de tanta tropelía, son precisamente las mentes de los convenios. Los buenos españoles son conscientes de que, lo mismo los bancos que los mercados y sus lacayos, los políticos, no responden al principio de servir al pueblo sino que, al contrario, se mueven a través de fríos cálculos de beneficios sin reparar en las víctimas que generan. Es por ello, señor Presidente, que los buenos españoles entienden que semejante dominio oligárquico requiere una respuesta social a la altura de su deslealtad y a la falta de los principios más elementales de la ética, la justicia y el buen gobierno.

La protesta en la calle es legal, necesaria, razonable y la única manera de que se tenga en cuenta nuestra voz.

                          Maite García Romero

viernes, 2 de noviembre de 2012

La Iglesia en el País de las Maravillas

“Sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones, las dominan como señores absolutos, y sus grandes los oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, será esclavo de todos” (Marcos, 10,42-44).

Ante estas palabras del Maestro me pregunto: ¿no es tiempo ya de que este jerarquizado sistema eclesial en pirámide que se ha mantenido invariable desde el medievo, baje del pedestal y sin parafernalia ni conductas autoritarias o dictatoriales, se adecue a esta época, a esta sociedad donde las personas dejaron de ser súbditos para ser ciudadanos? La Iglesia de hoy debería asumir la realidad en la que vivimos, no puede continuar con los ojos cerrados dando más prioridad a sus cánones que al Evangelio y a los seres humanos, como tampoco ser diálogo de mitrados que sólo se representan a sí mismo. La Iglesia católica tendría que ser un espacio de libertad en el que tengan cabida todos los fieles laicos y religiosos sin discriminación de sexo; un espacio en el que se respeten los límites que marca la libertad de todos los hijos de Dios y en el que todos los fieles podamos orar pero también objetar con libertad religiosa y sensatez como derecho humano fundamental. Dice Hans Küng (profesor, teólogo y sacerdote) en su libro “Ser cristiano” pág. 613:

«La libertad es para la Iglesia a un tiempo don y tarea. La Iglesia puede y debe ser a todos los niveles una comunidad de hombres libres. Si quiere servir a la causa de Jesús, nunca puede ser una institución de poder o una Santa Inquisición. Sus miembros han de estar liberados para la libertad: liberados de la esclavitud a la letra de la Ley, del peso de la culpa, del miedo a la muerte; liberados para la vida, para el sentido de la vida, el servicio y el amor. Hombres que no tienen que estar sometidos más que a Dios, y no a poderes anónimos ni a otros hombres…”

Los papas del siglo XIX no sólo rechazaron con fuerza repetidas veces la libertad religiosa, sino que la llamaron expresamente “peste”, “delirio” (Gregorio XVI) y producto pernicioso del espíritu moderno. El caso es que pasa el tiempo y la Iglesia católico-romana sigue en la misma línea de organización absolutista cerrada a cualquier tipo de diálogo con una sociedad con la que prácticamente no se identifica y a la que apenas tiene en cuenta. El laicismo, la democracia y la libertad —y no digamos ya la ciencia— representan un peligro para sus intereses. Por ello exige activismo a los prelados, a los sacerdotes a los fieles; pero sobre todo a los políticos que se denominan católicos. Hay que recuperar el protagonismo perdido. Benedicto XVI ya lo expuso en el primer sínodo de su pontificado, retando a los allí reunidos a llegar al meollo de la crisis del cristianismo. Dios no podía seguir siendo “un proscrito en Europa” —dijo—, tenía que volver a figurar en la agenda de una sociedad de bautizados que no hace caso de la religión. Pero en su llamamiento a la intolerancia con el relativismo y la laicidad no figura para nada el diálogo ni la tolerancia. Figura, eso sí, la vuelta a los orígenes, al catolicismo clásico: “El infierno, del que se habla poco en este tiempo, existe y es eterno", dijo el Pontífice el 13 de marzo de 2007.

La cúpula vaticana sigue marcando el bien y el mal, lo que se puede hacer y lo que no; quiere ser la rectora no sólo de la conciencia de la gente sino de todos los ámbitos: económico, político y social. Es lógico, no quieren perder el poder. Pretenden ser la única voz autorizada para marcar el camino, actuando siempre de la misma manera: coaccionando, silenciando, doblegando voluntades. Teólogos y religiosos como Juan Masiá, Karl Rahner, José Arregui, Hans Küng, Juan José Tamayo, José Antonio Pagola, y un largo etc. han sido acallados bajo la excusa del alejamiento doctrinal en los escritos. Los mitrados siguen haciendo todo lo posible por desplazar tanto como sea posible la disputa de las reformas a los dogmas. Saben que apelando a la tradición tienen la sartén por el mango y pueden mantener de antemano a distancia las reformas incómodas como el sacerdocio femenino o el celibato. El hecho de no abordar el tema del sacerdocio de las mujeres e incluso zanjarlo (cuando ya surgieron estudios bíblicos, teológicos e históricos favorables al mismo), alegando que la exclusión de las mujeres del sacerdocio era voluntad de Jesús y por tanto de Dios mismo, no es que sea una tesis incoherente propia de la Edad Media, es que resulta altisonante y casi blasfema. Hace unos días el español San Juan de Ávila y la alemana Hildegarda de Bingen recibían uno de los máximos honores de la Iglesia: entrar en el selecto Club de los Doctores de la Iglesia. De los 34 doctores de la Iglesia, 30 son hombres y sólo cuatro son mujeres. Vale que estas tremendas desigualdades se hayan dado en tiempo atrás, pero que aún hoy la mujer no tenga acceso, no ya al sacerdocio sino a puestos de responsabilidad en la Iglesia católica, es algo que me cuesta entender. Y lo que más llama mi atención es el hecho de que cuando una religiosa sobresale en cualquier ámbito ya sea científico, literario o humano, los católicos fundamentalistas arremetan contra ellas de manera increíblemente vejatoria. Son los casos, por ejemplo, de:

Teresa Forcades, licenciada en medicina y teología, doctora en salud pública y monja benedictina en el monasterio de Sant Benet. Autora del libro “La teología feminista en la historia” en el que sitúa la teología feminista en el marco de las teologías críticas o de la teología de la liberación.
Dolores Aleixandre, mujer de carácter extraordinario y gran sabiduría que opina que “Cada vez que se intenta someter todo al pensamiento único, se empobrece la Iglesia”. Escritora, religiosa del Sagrado Corazón y profesora en la Universidad de Comilla durante dos décadas:
Lucía Caram, monja de clausura dominica que destaca por su alegría a flor de piel y su libertad a la hora de expresar que "Jesús pasó por este mundo quitando cruces, no poniéndolas". Autora de “Mi claustro es el mundo”, libro recientemente publicado y en el que, como ella misma dice: “es para ser leído con la libertad con la que ha sido escrito…” (leer esta crítica de un sacerdote que refleja perfectamente lo que estamos tratando).
Margaret Farley, monja estadounidense de la congregación de las Hermanas de la Misericordia de las Américas. Escritora y profesora emérita de ética cristiana en la Divinity School de la universidad de Yale, que ha sido reprendida duramente por La Congregación para la Doctrina de la Fe, por insistir en una conducta sexual tolerante con los matrimonios homosexuales y con el divorcio, en su libro: “Simplemente Amor” en el que propone un marco para la ética sexual que "utilice un criterio de justicia" al evaluar las relaciones sexuales.

Y así se podría enumerar infinidad de mujeres religiosas que dicen: ¡Ya basta! Religiosas que día tras día persisten convencidas de que hay que construir una Iglesia mucho más fraternal, más humana y más libre. Estamos en el siglo XXI. La monja de hoy no puede seguir siendo para la Iglesia una especie de servidora cuya función es obedecer.


A todas las mujeres religiosas que han hecho del mundo su claustro; que ante las presiones y descalificaciones nunca pierden la sonrisa; que entendieron que el voto de obediencia no equivale a sumisión; que crecen en humanidad cuando el clericalismo asfixia; por su coraje, su ¡ya basta! Por las que fueron silenciadas, sometidas, olvidadas; a todas y cada una de ellas que difunden con su ejemplo un mensaje de amor, mi afecto y todo mi apoyo.

                                                             Maite García Romero