Si bien no me ha sorprendido la
respuesta hostil que ha tenido una buena parte conservadora de este país ante
el desafío de los miles de pensionistas que se han manifestado en protesta por
la bajada de la capacidad adquisitiva de sus pensiones, sí que me han chocado
algunas simplezas y despropósitos que se han venido diciendo en distintos
medios y debates. Se les ha criticado por desear más dinero público “cuando ya
tienen mucho más que los pensionistas de la unión Europea”. Se les ha acusado de
ignorantes y de escasa sensibilidad hacia los que están en situación peor. Y se
ha defendido que el balance de este colectivo desde que gobierna el presidente
Rajoy puede considerarse positivo si se compara con otros sectores.
Los jubilados españoles no son una
masa uniforme y homogénea. Mientras un tercio dispone de más de 2000 euros al
mes, el 46% cobra menos del Salario
Mínimo Interprofesional. Es decir, que
casi la mitad de nuestros pensionistas tienen que vivir con menos de 736 euros al mes de pensión. En esta situación hay más de 4 millones
de pensionistas de los que, según una encuesta, el 20% no pueden pagar los
medicamentos que les receta su médico. Son los grandes perjudicados por los
recortes en el gasto farmacéutico.
El Informe “La receta equivocada”
publicado recientemente por Amnistía Internacional analiza el impacto que han
tenido sobre el derecho a la salud en España las medidas de austeridad en el Sistema
Nacional de Salud. Estas medidas han provocado un deterioro en la calidad de la
atención sanitaria, y sobre todo han tenido un impacto particular y
desproporcionado en las personas de rentas más bajas, especialmente en personas
mayores, con enfermedades crónicas, con discapacidad o que reciben tratamiento
de salud mental. La atención sanitaria
se ha vuelto mucho menos accesible: el aumento de los tiempos de espera,
incluso para cirugía y atención de salud mental, se ha convertido en un
importante problema. Si tenemos en cuenta que España ratificó una serie de
tratados internacionales y regionales de derechos humanos que exigen que el
derecho a la salud se respete, se proteja y se haga realidad, España tiene la
obligación inmediata de tomar medidas deliberadas, concretas y específicas para
la realización completa del derecho a la salud. Sin embargo una mayoría de las
personas supervivientes de cáncer entrevistadas por Amnistía Internacional
explicaron que muchos de los medicamentos para paliar los efectos secundarios
de su tratamiento contra el cáncer, así como los posibles problemas derivados
de su enfermedad, no estaban cubiertos por el SNS. Si se los recetaban tenían
que pagarlo en su totalidad.
Como parte de las reducciones del gasto
en sanidad pública, se redujo también el gasto en personal sanitario. Una de
esas reducciones se llevó a cabo limitando la contratación y cambiando las
condiciones de trabajo del personal. Por lo cual, todos los profesionales
sanitarios entrevistados por Amnistía Internacional dijeron que su
trabajo se había vuelto más difícil tras la introducción de las medidas de
austeridad, y aseguraron sentirse “impotentes” y “desilusionados con el
sistema” a raíz de los recortes presupuestarios y los cambios en el sistema de
salud. Es por ello que el pasado 21 de marzo de 2018 a las 17,30 las
reivindicaciones sacaron a las calles de Madrid a miles de facultativos, entre
ellos representantes sindicales, de colegios profesionales, sociedades
científicas y estudiantes, para reclamar la recuperación de los
derechos y el poder adquisitivo que les fueron cercenados con la
excusa de la crisis.
Por consiguiente, solicitamos del Ministerio
de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, que mejore las condiciones laborales
del personal sanitario, incluidas las que afectan a la accesibilidad y la calidad
de la atención sanitaria. En concreto, que se restaure los beneficios, que se
reduzca la precariedad de los contratos de los trabajadores y trabajadoras de
la salud y que se garantice que son contratadas en número suficiente para
cubrir la demanda de servicios sanitarios.
Maite García Romero
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/campanas/derecho-salud-espana/Maite García Romero
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR4181362018SPANISH.PDF
