martes, 3 de septiembre de 2013

UN PEQUEÑO PASO PARA UN PAPA, UN GRAN PASO PARA LA HUMANIDAD

Por favor, lean estas palabras del Papa Francisco:

“Hemos creado nuevos ídolos. La antigua veneración del becerro de oro ha tomado una nueva y desalmada forma en el culto al dinero y la dictadura de la economía”.

"Si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla?”

“¡Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres!”

“Quiero que se salga fuera, quiero que la Iglesia salga a la calle, quiero que la Iglesia abandone la mundanidad, la comodidad y el clericalismo, que dejemos de estar encerrados en nosotros mismos”.

“En la curia hay gente santa, de verdad, hay gente santa. Pero también hay una corriente de corrupción, también la hay, es verdad. Se habla del 'lobby gay', y es verdad, está ahí hay que ver qué podemos hacer”

“Como muchos de ustedes no pertenecen a la Iglesia Católica, otros no son creyentes de corazón, doy esta bendición en silencio a cada uno de ustedes, respetando la conciencia de cada uno”.

“Los obispos y sacerdotes deben ser pastores y no lobos rapaces”.

¿Podemos hablar por fin de una apertura de la Iglesia o de un simple paréntesis en la historia del papado? Este nuevo estilo “transgresor” que marca su Pontificado desde el momento de asumir el cargo, tan alejado del lujo y el boato que reina en la Santa Sede es, según mi opinión, la prueba más fehaciente del comienzo de un cambio en el seno de la Iglesia. Que a diferencia de sus predecesores haya rechazado la mitra con oro y piedras preciosas, la muceta púrpura orlada con armiño, los zapatos y el sombrero rojos a medida y el pomposo trono con la tiara; que rehúya de los gestos patéticos y la retórica obsoleta y pretenciosa para hablar en la lengua del pueblo, y sobre todo, que el Jueves Santo lavara los pies a jóvenes reclusos, a mujeres, e incluso a una musulmana, –cuando el ritualismo vaticano de la Iglesia católica desde su fundación, había marginado a la mujer en estos rituales–, ha provocado tal rebote entre los sectores más radicales y conservadores de la Iglesia, que si ya a esta altura de mi vida hay pocas cosas que me sorprendan, la reacción de estos fundamentalistas, lo ha conseguido.

Los sectores más extremistas de la Iglesia miran con horror al papa Francisco. Que haga caso omiso a las reglas y normas de la Iglesia católica, actuando sin consultar ni pedir permiso a nadie para hacer excepciones sobre la forma en que las reglas eclesiásticas se relacionan con él, o que haya hecho un llamado público a la Iglesia católica a estrechar el diálogo y las relaciones con el Islam, está propiciando unas críticas –algunas excesivamente agresivas– y unos ataques a través de medios de comunicación, sitios webs y redes sociales, que hasta el Opus Dei ha prohibido a todas sus librerías "Troa" la venta del primer libro acerca del nuevo papa Francisco. Y lo curioso, lo que ha llamado mi atención y lo que me está haciendo escribir este artículo, es que precisamente este papa, sin declamar grandes discursos dogmáticos ni elucubraciones abstractas, es el más coherente con el Evangelio, el más cristiano después de Juan XXIII. ¿Quizás sea por ello –me pregunto– que molesta a los mismos que Jesús molestó: a los fariseos? 

Si estos radicales se sienten incapaces para experimentar la religión en esencia, en libertad, sin ideologías de un color u otro, si sólo se identifican con las leyes, las reglas, los dogmas sin ni siquiera cuestionarlas con la vida, la razón o la lógica, ¿qué sentido tiene entonces la Palabra de Jesús para ellos? Es sorprendente conocer que durante el pontificado de Juan Pablo II más de 140 teólogos han sido silenciados –actualmente ya van más de 500 a decir de José Luis Vigil–.  ¿No va siendo hora de que la Iglesia  católica deje de ser tan jerárquica, centralista y absolutista? ¿Por qué siguen afirmando que siempre fue así y así tiene que seguir siendo? Cada vez son más los colectivos católicos que reclaman una Iglesia a la par de la sociedad en la que vivimos, es decir con plena igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Una Iglesia menos preocupada en mecanismos demasiados estructurados y jerarquizados en lo “establecido”, una Iglesia que no haga lo contrario de lo que predica, una Iglesia que no siga educando a través del miedo: de la amenaza, del chantaje emocional, del remordimiento –como a mí me educaron–. ¿Cómo se le puede temer a Dios cuando precisamente Dios es amor y el amor es Dios? No digo con esto que se pretenda reinventar una nueva Iglesia. Lo que sí digo, es que no se siga sesgando tanto la realidad del Evangelio.

No sé si el nombramiento del papa Francisco, con su actitud reformista, conciliadora, su opción por los pobres, su sobriedad, humildad y capacidad de escucha, vaya a servir para un cambio profundo en la Iglesia o al menos para intentar poner un mínimo de coherencia entre la Curia Romana y la Palabra de Cristo. No lo sé, habrá que darle tiempo. Pero, por lo pronto, este pasado sábado 31 de agosto de 2013, el papa Francisco ha puesto fin a la etapa del todopoderoso y controvertido Tarcisio Bertone, salpicado por el escándalo Vatileaks, con el nombramiento del nuncio en Venezuela, el italiano Pietro Parolin, como nuevo secretario de Estado. Por ello es que vislumbro la primacía de una Iglesia carismática y servidora por encima de una Iglesia principesca y alejada de la gente. Puede decirse que Francisco ha entreabierto las ventanas de la Iglesia y algo de  aire del Espíritu se ha respirado. Sí, ya sé que evidentemente no bastan esos gestos de sencillez y cercanía, que convendrá que afronte los cambios profundos que necesita la Iglesia. Y sobre todo, que los avances y aire frescos que trajo el Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII, no se continúe frenando como se ha venido haciendo en los dos últimos pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI.

                                                     Maite García Romero

jueves, 23 de mayo de 2013

¿Los derechos humanos tienen fronteras?



Amnistía Internacional acaba de publicar su Informe Anual 2013. En él asegura que el mundo se está convirtiendo en un lugar cada vez más peligroso para las personas refugiadas y migrantes, y para las que pierden sus hogares tras sufrir desalojos forzosos. El respeto a la soberanía de un Estado no puede ser utilizado como excusa para la inacción o la violación de derechos humanos. El Consejo de Seguridad de la ONU debe oponerse a los abusos que destruyen vidas y obligan a la gente a huir de sus hogares. Eso significa rechazar doctrinas carentes de moral que aseguran que el asesinato en masa, la tortura y el hambre son meros “asuntos internos” de los Estados.

Es una ironía que les resulte más difícil cruzar una frontera a los refugiados que a las armas que contribuyen a generar violencia y obligan a las personas a huir de sus hogares.

Por si fuera poco, con la excusa de la crisis económica, los Gobiernos de muchos países están impulsando medidas que en ocasiones dan la espalda a la protección de derechos como el acceso a la salud o a una vivienda digna. Medidas que afectan sobre todo a las personas más vulnerables, como las que han tenido que abandonar su hogar.

En España el Decreto Ley que limita el acceso a la atención sanitaria gratuita a personas inmigrantes en situación irregular, o la situación de indefensión frente a los desalojos en la que se encuentran miles de personas son algunos ejemplos.

Frente a este panorama hostil para los derechos humanos, se ha producido una respuesta ciudadana que los Gobiernos no solo no han escuchado, sino que han intentado reprimir o deslegitimar. Ya es hora de que los gobernantes, también en España, se pongan del lado de las personas, de todas.


                                                             Maite García Romero

domingo, 19 de mayo de 2013

Yo exijo respeto a la Igualdad de Derechos, ¿y tú?

El pasado 17 de mayo se celebró el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, instándose a todos los países a revocar las leyes que discriminan a homosexuales y transexuales y a castigar los actos de violencia de que son víctimas esas personas. Porque si bien algunos países otorgan los mismos derechos civiles a toda la población independientemente de su orientación sexual o identidad de género, es más que sabido como aún, al día de hoy, persiste la desigualdad de trato.

Hasta el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideraba la homosexualidad una enfermedad mental. Y de esto hace solamente 23 años. Terminar con la homofobia y la intolerancia a la transexualidad es un imperativo de justicia que llevará todavía su tiempo. Incluso en Europa, donde la tolerancia y la integración es elevada, los homosexuales sienten la discriminación en sus vidas cotidianas. El 47% de los ciudadanos de la Unión Europea así lo perciben, según la Agencia de los Derechos Fundamentales, y el 44% dice sufrir burlas, comentarios despectivos o conductas negativas en su entorno.

La homosexualidad sigue siendo ilegal en 78 países (el 40% del total), según datos de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais y Transexuales. En algunos de ellos, como Uganda o Camerún, la caza al homosexual se traduce en el acoso permanente y se salda con detenciones, palizas o asesinatos. En cinco países —Mauritania, Sudán, Arabia Saudí, Yemen e Irán— y en zonas de Somalia y Nigeria las relaciones homosexuales se castigan con pena de muerte.

Amnistía Internacional considera que las personas detenidas o encarceladas en virtud de este tipo de leyes son presas de conciencia y trabaja para lograr su libertad inmediata e incondicional. La despenalización es esencial como un primer paso en el camino hacia la igualdad plena de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. (homofobia-generalizada)

“Toda persona debe poder disfrutar de todos los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y sin embargo, millones de personas de todo el mundo se enfrentan a la ejecución, el encarcelamiento, la tortura, la violencia y la discriminación por su orientación sexual o identidad de género”.

                                                                Maite García Romero

viernes, 1 de febrero de 2013

LA POLÍTICA DE LA INVOLUCIÓN

El pasado 20 de enero la Iglesia celebró la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado 2013. El mensaje de Benedicto XVI exhorta a una “solidaridad universal” como principio fundamental de que “todo migrante es una persona que, como tal, posee unos derechos fundamentales inalienables que han de ser respetados por todos y en cualquier situación”. Sin embargo, este mensaje topa en la práctica con unas políticas y leyes totalmente injustas que están poniendo en peligro el ejercicio de los derechos fundamentales del ser humano como es el actual proyecto de reforma del Código Penal, así como el Decreto Ley (16/2012) sobre medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de Salud, que más allá de racionalizar el gasto, lo que consigue es dejar sin atención sanitaria a aquellas personas que no disponen ni de documentos ni de medios económicos. Con lo cual, pienso, que ningún ahorro económico por cuantioso que sea, compensará la manera en la que esta medida envilece a nuestra sociedad.

Me pregunto por qué un gobierno afín a la Iglesia católica demuestra esa carencia de valores humanos al emplear semejante táctica política dirigida, prioritariamente, a mantener los privilegios de las oligarquías políticas, financieras y monopolista, en medio de una crisis devastadora que ha disparado las cifras de pobreza y desigualdad en nuestro país ¿Es de suponer que para ser un buen católico basta con ser pro-vida y pro-familia y lo demás no importa? Digo esto porque tampoco me cuadra la reforma de la Ley del aborto del Ministro de Justicia Ruiz Gallardón, sustentada en la teórica defensa del no nacido, donde la malformación del feto no será ya un supuesto para abortar. De acuerdo; pero me pregunto: ¿y qué pasa con posterioridad al nacimiento cuando son discapacitados? ¿Qué pasa con los derechos que deben ser destinados a estos niños de forma inviolable y personal? ¿Es que una vez nacidos ya no tiene razón ser defendidos? ¡Cómo es posible que se les recorten las ayudas económicas a estas criaturas, por Dios! Según el cardenal Antonio Cañizares la propuesta del Ministro de Justicia sobre la reforma de la ley del aborto para excluir como causa la malformación del feto es "muy razonable" y piensa que es "lo mínimo que se debe hacer". "¡Qué menos!", exclamó en respuesta a preguntas de los periodistas tras pronunciar una conferencia en uno de los cursos de verano de la Universidad Católica en Santander. (Religión Digital) Sin embargo, que yo sepa, monseñor Cañizares no ha exclamado nunca un “qué menos” exigiendo los derechos de estos niños discapacitados. ¿Por qué? ¿Es que acaso esto no es razonable también? ¿No es lo mínimo que se debe hacer?

Yo esperaba que la Conferencia Episcopal Española —a quien se le supone una autoridad moral importante— levantara su voz en contra de estas medidas tan injustas y desiguales que se están llevando a cabo. Pero no. El cardenal Rouco Varela ha levantado la voz para mostrar su confianza y complicidad en que “los recortes económicos y sociales ordenados por el Gobierno contribuyan a mejorar la situación de las personas y las familias para poder superar la crisis”, como dijo el pasado 07/2012 durante el curso de verano de la URJC en Aranjuez. Ni siquiera la CEE ha hecho una llamada contundente a la justicia y a la honestidad de los dirigentes políticos. ¿Por qué ese mutismo, esa incapacidad de la Jerarquía católica para articular un mensaje social decisivo y claro contra tanta injusticia y corrupción política? Cada vez que leo un documento de la CEE o cualquiera de las declaraciones pública de los obispos, las únicas censuras y condenas que encuentro son siempre las mismas: las relaciones sexuales prematrimoniales, métodos anticonceptivos, matrimonio homosexual, divorcio, interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio de los sacerdotes, el sacerdocio de las mujeres, la fecundación in vitro, la investigación con células embrionarias y la eutanasia. ¿Es que no son capaces de ir más allá? Me gustaría encontrar alguna vez un respaldo a la escuela pública, a la sanidad, a la educación sexista, a las leyes de igualdad de género y a los derechos de toda persona ante la Ley.

Uno puede creer en Dios o no, pero más allá de la religión y de las creencias personales uno siempre debería creer en todas esas organizaciones religiosas que están trabajando día y noche en las trincheras contra la exclusión social, con emigrantes, hambrientos, desahuciados, sin techo y enfermos. Todas esas personas bienhechoras que son parte de la misma Iglesia pero que habitan universos paralelos, son las que en cierto modo salvan la cara a una Iglesia católica cuyo poder ha llegado a usurpar el espacio entre Dios y el hombre.

Se han vulnerado los derechos del niño con discapacidad. Se han vulnerado alegando a la crisis económica que padece este país. Se han vulnerado vilmente mientras los bancos robaban “legalmente” a los ciudadanos y algunos políticos “capacitados” robaban a las arcas públicas con total impunidad. Si en el estudio de la evolución humana ocuparse de los débiles y de los enfermos es un criterio de humanización, ¿podemos concluir diciendo que estamos en una etapa de involución y deshumanización? Me cuestiono y me alarma la naturalidad con la que estas líneas rojas son traspasadas actualmente. ¿Hasta dónde se pretende llegar?


                                                                          Maite García Romero
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

jueves, 15 de noviembre de 2012

EL PODER ESTÁ MATANDO A LA JUSTICIA


El 12/11/2012 aparecía en la prensa la siguiente noticia: Las cajas de ahorros suspenden los desahucios a grupos vulnerables. Creo que la noticia debería haber sido: “Ninguna entidad intervenida por el Estado y ninguna entidad acogida al dinero estatal facilitado por el FROB, está legitimada para llevar a cabo un desahucio”. Esa tendría que ser la noticia, porque ningún banco rescatado está legitimado éticamente para realizar desahucios. Su vulnerabilidad ha sido asumida por el Estado ¿no? Pues entonces, si hay que cambiar la Constitución que se cambie que ya está bien de que el peso de esta crisis financiera recaiga mayoritariamente en los que no la hemos provocado. ¿Es justificable que el Gobierno haya dedicado sumas millonarias a salvar y proteger  la banca y que no haya tomado ni una sola medida efectiva para acabar de una vez por todas con la desprotección de las familias de menos ingresos que pierden sus viviendas?  ¿Tan difícil era cambiar las leyes para establecer medidas como la dación de pago, la creación de tribunales que gestionasen la restructuración de la deuda familiar o la disminución temporal de las cuotas para las personas sin ingresos o en paro? Las ejecuciones hipotecarias han estado arrastrando una media de 526 desahucios diarios y han provocado suicidios y un sufrimiento personal y social tremendo. Tiene gracia, a los políticos del PP siempre les preocupa la imagen que se esté dando de España en el extranjero, ante una manifestación. Pero curiosamente no les preocupa la imagen que se esté dando de España ante los desahucios. Manifestaciones se da en cualquier país de Europa porque es una respuesta legal de los ciudadanos ante una política adversa. Sin embargo, según la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, la ley hipotecaria española puede ser incompatible con la europea porque no permite a un juez frenar los desahucios.  Dicha ley que rige en España data del año 1909. Por favor… ¿No es hora ya de que se modifique la legislación?

El pasado 9/11/2012, Amaia Egaña, vecina de la localidad vizcaína de Baracaldo, se suicidó momentos antes de que una comisión judicial, que se disponía a ejecutar una orden de desahucio, la obligase a abandonar su casa. A finales de octubre, un hombre de 54 años apareció ahorcado en su vivienda de Granada horas antes de su desalojo. Un joven, afectado por una ejecución hipotecaria, murió tras saltar desde un puente en Las Palmas de Gran Canaria. Y un varón de 50 años trató de quitarse la vida en Burjassot (Valencia) cuando iba a ser desahuciado. Al parecer en nuestro país se están produciendo entre nueve y diez suicidios cada día y un tercio de ellos, según se puso de manifiesto en un reciente congreso de Psiquiatría, son los que tienen que ver con problemas económicos de diversos tipos originados por la crisis. Es un dato horrible. Un verdadero drama cuya responsabilidad recae muy directamente sobre las autoridades e instituciones del Estado que hasta hace dos días no han hecho absolutamente nada efectivo para evitarlo, todo lo contrario, lo han provocado con las políticas que han venido aplicando e incluso lo han facilitado, como esos jueces que han llegado a decretar que los desahucios se llevasen a cabo sin previo aviso para evitar que la población acuda en ayuda solidaria de los afectados. Me pregunto cómo es posible semejante canallada. El suicidio de Amaia (tercero en menos de una semana); la presión social e institucional clamando por una solución inmediata al drama de los desalojos; y el tirón de oreja que ha dado el Tribunal de Justicia de la UE, obligó a que en el mitin de la campaña electoral catalana el Presidente del Gobierno indicara que espera concretar diversas medidas, como “la paralización temporal de los desahucios que afectan a familias más vulnerables”. Así mismo aseguró que quiere, dentro de ese paquete de medidas, poder hacer más fácil “renegociar la deuda y permanecer en la vivienda cuando eso no sea posible”. Por último, Rajoy remarcó que confía en dar pronto “buenas noticias” a los españoles y que este problema hay que abordarlo con “mucha humanidad”. Poco después de estas afirmaciones del Presidente del Gobierno, la Presidenta de Castilla-La Mancha Mª Dolores de Cospedal, decía ante los micrófonos: “Hay que agradecer al Gobierno esta sensibilidad”.

De verdad, a veces pienso que estos políticos han perdido completamente el norte. O sea, después de las pérdidas de vidas humanas, después de tanto sufrimiento y después de haber hecho oídos sordos a la presión popular durante tanto tiempo, el Gobierno actual descubre que tiene que tomar medidas y el gobierno anterior descubre que tiene que pedir perdón. ¿Y nosotros por esto debemos estar agradecidos?

El 27/09/2012, en la Asamble General de la ONU, Rajoy rechazando las manifestaciones contra los recortes, del 25-S, encomió “a la mayoría silenciosa” que no se manifiesta y que, a su juicio, asume los sacrificios sin quejarse. Vamos, exactamente igual que se nos dijo siempre: que seamos buenos, que no protestemos, que nos quedemos en casa calladitos que es así como deben actuar los buenos españoles, la gente decente, honrada, la gente de bien. Pues señor Presidente, siento disentir. Creo que los buenos españoles son los que sostienen la cordura de éste país; los que toman el pulso de los acontecimientos y no se achican; los que entienden que se está poniendo en juego la tranquilidad y el futuro de España; los que son conscientes de que los responsables de tanta incertidumbre, de tanto desmantelamiento financiero y de tanta tropelía, son precisamente las mentes de los convenios. Los buenos españoles son conscientes de que, lo mismo los bancos que los mercados y sus lacayos, los políticos, no responden al principio de servir al pueblo sino que, al contrario, se mueven a través de fríos cálculos de beneficios sin reparar en las víctimas que generan. Es por ello, señor Presidente, que los buenos españoles entienden que semejante dominio oligárquico requiere una respuesta social a la altura de su deslealtad y a la falta de los principios más elementales de la ética, la justicia y el buen gobierno.

La protesta en la calle es legal, necesaria, razonable y la única manera de que se tenga en cuenta nuestra voz.

                          Maite García Romero

viernes, 2 de noviembre de 2012

La Iglesia en el País de las Maravillas

“Sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones, las dominan como señores absolutos, y sus grandes los oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, será esclavo de todos” (Marcos, 10,42-44).

Ante estas palabras del Maestro me pregunto: ¿no es tiempo ya de que este jerarquizado sistema eclesial en pirámide que se ha mantenido invariable desde el medievo, baje del pedestal y sin parafernalia ni conductas autoritarias o dictatoriales, se adecue a esta época, a esta sociedad donde las personas dejaron de ser súbditos para ser ciudadanos? La Iglesia de hoy debería asumir la realidad en la que vivimos, no puede continuar con los ojos cerrados dando más prioridad a sus cánones que al Evangelio y a los seres humanos, como tampoco ser diálogo de mitrados que sólo se representan a sí mismo. La Iglesia católica tendría que ser un espacio de libertad en el que tengan cabida todos los fieles laicos y religiosos sin discriminación de sexo; un espacio en el que se respeten los límites que marca la libertad de todos los hijos de Dios y en el que todos los fieles podamos orar pero también objetar con libertad religiosa y sensatez como derecho humano fundamental. Dice Hans Küng (profesor, teólogo y sacerdote) en su libro “Ser cristiano” pág. 613:

«La libertad es para la Iglesia a un tiempo don y tarea. La Iglesia puede y debe ser a todos los niveles una comunidad de hombres libres. Si quiere servir a la causa de Jesús, nunca puede ser una institución de poder o una Santa Inquisición. Sus miembros han de estar liberados para la libertad: liberados de la esclavitud a la letra de la Ley, del peso de la culpa, del miedo a la muerte; liberados para la vida, para el sentido de la vida, el servicio y el amor. Hombres que no tienen que estar sometidos más que a Dios, y no a poderes anónimos ni a otros hombres…”

Los papas del siglo XIX no sólo rechazaron con fuerza repetidas veces la libertad religiosa, sino que la llamaron expresamente “peste”, “delirio” (Gregorio XVI) y producto pernicioso del espíritu moderno. El caso es que pasa el tiempo y la Iglesia católico-romana sigue en la misma línea de organización absolutista cerrada a cualquier tipo de diálogo con una sociedad con la que prácticamente no se identifica y a la que apenas tiene en cuenta. El laicismo, la democracia y la libertad —y no digamos ya la ciencia— representan un peligro para sus intereses. Por ello exige activismo a los prelados, a los sacerdotes a los fieles; pero sobre todo a los políticos que se denominan católicos. Hay que recuperar el protagonismo perdido. Benedicto XVI ya lo expuso en el primer sínodo de su pontificado, retando a los allí reunidos a llegar al meollo de la crisis del cristianismo. Dios no podía seguir siendo “un proscrito en Europa” —dijo—, tenía que volver a figurar en la agenda de una sociedad de bautizados que no hace caso de la religión. Pero en su llamamiento a la intolerancia con el relativismo y la laicidad no figura para nada el diálogo ni la tolerancia. Figura, eso sí, la vuelta a los orígenes, al catolicismo clásico: “El infierno, del que se habla poco en este tiempo, existe y es eterno", dijo el Pontífice el 13 de marzo de 2007.

La cúpula vaticana sigue marcando el bien y el mal, lo que se puede hacer y lo que no; quiere ser la rectora no sólo de la conciencia de la gente sino de todos los ámbitos: económico, político y social. Es lógico, no quieren perder el poder. Pretenden ser la única voz autorizada para marcar el camino, actuando siempre de la misma manera: coaccionando, silenciando, doblegando voluntades. Teólogos y religiosos como Juan Masiá, Karl Rahner, José Arregui, Hans Küng, Juan José Tamayo, José Antonio Pagola, y un largo etc. han sido acallados bajo la excusa del alejamiento doctrinal en los escritos. Los mitrados siguen haciendo todo lo posible por desplazar tanto como sea posible la disputa de las reformas a los dogmas. Saben que apelando a la tradición tienen la sartén por el mango y pueden mantener de antemano a distancia las reformas incómodas como el sacerdocio femenino o el celibato. El hecho de no abordar el tema del sacerdocio de las mujeres e incluso zanjarlo (cuando ya surgieron estudios bíblicos, teológicos e históricos favorables al mismo), alegando que la exclusión de las mujeres del sacerdocio era voluntad de Jesús y por tanto de Dios mismo, no es que sea una tesis incoherente propia de la Edad Media, es que resulta altisonante y casi blasfema. Hace unos días el español San Juan de Ávila y la alemana Hildegarda de Bingen recibían uno de los máximos honores de la Iglesia: entrar en el selecto Club de los Doctores de la Iglesia. De los 34 doctores de la Iglesia, 30 son hombres y sólo cuatro son mujeres. Vale que estas tremendas desigualdades se hayan dado en tiempo atrás, pero que aún hoy la mujer no tenga acceso, no ya al sacerdocio sino a puestos de responsabilidad en la Iglesia católica, es algo que me cuesta entender. Y lo que más llama mi atención es el hecho de que cuando una religiosa sobresale en cualquier ámbito ya sea científico, literario o humano, los católicos fundamentalistas arremetan contra ellas de manera increíblemente vejatoria. Son los casos, por ejemplo, de:

Teresa Forcades, licenciada en medicina y teología, doctora en salud pública y monja benedictina en el monasterio de Sant Benet. Autora del libro “La teología feminista en la historia” en el que sitúa la teología feminista en el marco de las teologías críticas o de la teología de la liberación.
Dolores Aleixandre, mujer de carácter extraordinario y gran sabiduría que opina que “Cada vez que se intenta someter todo al pensamiento único, se empobrece la Iglesia”. Escritora, religiosa del Sagrado Corazón y profesora en la Universidad de Comilla durante dos décadas:
Lucía Caram, monja de clausura dominica que destaca por su alegría a flor de piel y su libertad a la hora de expresar que "Jesús pasó por este mundo quitando cruces, no poniéndolas". Autora de “Mi claustro es el mundo”, libro recientemente publicado y en el que, como ella misma dice: “es para ser leído con la libertad con la que ha sido escrito…” (leer esta crítica de un sacerdote que refleja perfectamente lo que estamos tratando).
Margaret Farley, monja estadounidense de la congregación de las Hermanas de la Misericordia de las Américas. Escritora y profesora emérita de ética cristiana en la Divinity School de la universidad de Yale, que ha sido reprendida duramente por La Congregación para la Doctrina de la Fe, por insistir en una conducta sexual tolerante con los matrimonios homosexuales y con el divorcio, en su libro: “Simplemente Amor” en el que propone un marco para la ética sexual que "utilice un criterio de justicia" al evaluar las relaciones sexuales.

Y así se podría enumerar infinidad de mujeres religiosas que dicen: ¡Ya basta! Religiosas que día tras día persisten convencidas de que hay que construir una Iglesia mucho más fraternal, más humana y más libre. Estamos en el siglo XXI. La monja de hoy no puede seguir siendo para la Iglesia una especie de servidora cuya función es obedecer.


A todas las mujeres religiosas que han hecho del mundo su claustro; que ante las presiones y descalificaciones nunca pierden la sonrisa; que entendieron que el voto de obediencia no equivale a sumisión; que crecen en humanidad cuando el clericalismo asfixia; por su coraje, su ¡ya basta! Por las que fueron silenciadas, sometidas, olvidadas; a todas y cada una de ellas que difunden con su ejemplo un mensaje de amor, mi afecto y todo mi apoyo.

                                                             Maite García Romero

jueves, 19 de julio de 2012

EL POLÍTICO, ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN


El principio y fin ético de la soberanía política y el deber de todo estado democrático no debería ser otro que la búsqueda del bien común de la sociedad. Un gobierno sin demagogia, sin falacia ni encubrimiento, capaz de promover la integridad y la transparencia en el ejercicio de los cargos públicos, es sin lugar a duda el cometido esencial de cualquier estado mínimamente justo. Sin embargo cada día somos testigos de cómo la disposición y actividad política está exclusivamente a merced de los principales agentes o impulsadores de la globalización como son los bancos y las empresas multinacionales. El poder en declive de los gobiernos ha sido prácticamente substituido por este poder planetario que escapa a todo control de la democracia y cuyo único objetivo es obtener para la economía privada megabeneficios cada vez más rápidos y descomunales.

Estamos asistiendo al dominio más degradante de la economía sobre la política, a una dictadura financiera que controla y domina la totalidad del planeta. Vivimos un resurgimiento de la época Feudal, donde estos personajes de las finanzas cohabitan en una burbuja de impunidad y riqueza inadmisible en el proyecto de un estado verdaderamente democrático. Vemos cómo los grandes organismos engendrados por el poderío económico de los mercados: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Banco Mundial, entre otros, son ajenos a la opinión pública, están libres de toda traba y exentos de tener que dar cuentas a los gobiernos mientras que éstos se las deben a ellos. Son los encargados de manipular como marionetas a los países, de velar por el “reparto” de las riquezas en el mundo y de explotar, bajo la apariencia de solidaridad, la pobreza de determinados pueblos del planeta. Es despreciable e infame el abuso que las multinacionales llevan a cabo en los países en desarrollo: mano de obra barata a costa de millones de niños doblegados bajo pesados fardos, quedándose ciegos a fuerza de tejer alfombras de hilos imperceptibles; niños infiltrados en las entrañas de las mortíferas minas de Coltán entre otras; niños menores de 14 años trabajando en las llamadas “fábricas del sudor” produciendo la ropa, los juguetes o los ordenadores que compra Occidente. No hay nada como privar a un pueblo de educación y derechos laborales para verlo desvalido, humillado, sin recursos, sometido y dispuesto a aceptar las condiciones de trabajo y de vida que le impongan, por muy indignantes que sean.

Mientras este sistema financiero tiene bien “agarrados” a los partidos políticos y a la mayoría de los medios de comunicación, nosotros los ciudadanos, expectantes, con esa impresión creciente de sentirnos engullidos y atrapados en una dominación fatídica, mundializada, globalizada y tan poderosa que parece prácticamente inútil oponerse a ella, intentamos encontrarle lógica a las enrevesadas y muchas veces absurdas razones que nos dan los políticos sobre esta gran factura de medidas regresivas y discriminatorias que se está llevando a cabo en el ámbito laboral, de la salud, de la enseñanza, es decir, de los sectores más débiles de la sociedad: migrantes, enfermos, personas con discapacidad, jubilados, ancianos dependientes, niños, mujeres, parados y jóvenes. ¿Es moralmente correcto pretender salir de la crisis a base de machacar a este sector con medidas tan sumamente injustas y descabelladas? ¿Se ha tenido en cuenta el desgaste humano que esto representa? ¿La torpeza y la regresión que constituye implantar este tipo de medidas? ¿El modo en que los derechos de las personas están siendo ultrajados? Me parecen de lo más perversas unas medidas que se ceban de modo tan canallesco con aquellas personas que están ya en la recta final de su vida y necesitan unos cuidados especiales para poder realizar sus conductas básicas, cuando ni siquiera hemos visto una sola medida de recortes a las élites sociales, políticas, religiosas, económicas y financieras que son los primeros que deberían dar ejemplo.

Continuamente nos estáis pidiendo sacrificios cuando vosotros, políticos, no sois capaces ni siquiera de eliminar coches oficiales, tarjetas de créditos, o como mínimo, viajar en clase turista. Os resistí a perder vuestros privilegios. Es evidente que a ustedes no les afecta de igual modo la reforma laboral ni cualquier otro instrumento de austeridad que está sufriendo el común de los ciudadanos. Y yo les pregunto: ¿no creen que la ejemplaridad que se supone debería tener la clase dirigente se pondría de manifiesto si entre ustedes aplicaran la austeridad y el sacrificio que a diario les estáis exigiendo a la sociedad? Insistís en que nos ajustemos aún más el cinturón, que las circunstancias lo exigen. Pero no sois conscientes de que vosotros lo lleváis tan flojo que os habéis quedado con el culo al aire. Y en esta guisa me pareció ver al señor Rajoy cuando le escuché decir el otro día que “a los parados se les bajará la prestación por desempleo a partir del sexto mes para incentivar la búsqueda de trabajo". Vamos, que los cinco millones y medio de parados son unos redomados vagos ¿no? ¿Es esto lo que ha querido decir, señor Rajoy? Ciertamente los esfuerzos emprendidos para poner un parche a la situación y reducir el paro son indispensables y bienvenidos, pero no así señor mío, no así. Además, por esa regla de tres, también nosotros los ciudadanos tendríamos que bajarles a ustedes —nuestros empleados— el sueldo y demás beneficios (por no hablar de los humos) para incentivarlos en la búsqueda del bien común de la sociedad. ¡Por favor, señores, ya está bien de tanta estupidez y arrogancia!

Es lamentable comprobar cómo se ha impuesto una dictadura sin dictador que alevosamente se insinúa sin enfrentarse a ningún país en concreto. No existe ideología ni moral en el mercado. Como un circuito cerrado, el mercado se guía por el mercado y el poder se guía por el poder. Es la ideología del beneficio, de la supremacía de un ilimitado poderío financiero que no aspira a hacerse con el poder sino a tener cualquier tipo de control sobre aquellos que lo ostentan, aboliendo su soberanía. El mercado ha sustituido los valores y principios democráticos y está acorralando a la política consiguiendo trastocar los pilares de una economía basada en el conocimiento y el bienestar social.

Estamos comprobando como en la hecatombe de Bankia ha tenido mucho que ver la politización de las cajas de ahorros: el reparto político, los métodos de elección de los Consejos de Administración, y por supuesto la influencia política en las decisiones de inversión y toma de participaciones de riesgo en mercados bursátiles. Y yo me pregunto: ¿Cómo después de lo que han hecho nadie les reclama nada por su falta de seriedad e irresponsabilidad? ¿Cómo estos poderes financieros globales, causantes de la crisis, parecen invulnerables ante la ley? ¿Dónde están los notorios consejeros de las cajas de ahorros —los auténticos culpables—, tanto del PSOE como del PP, Izquierda Unida y sindicalistas? Es obvio que el poder de la banca —esta dictadura sin dictador— es tan inmenso que limita las conductas de quienes debieran tomar medidas y denunciar abusos. Se ha demostrado ante una de las mayores estafas habidas como ha sido las participaciones preferentes: producto financiero mediante el que 52 bancos y cajas recaudaron unos 12.000 millones de euros durante el trienio 2009-11. Se calcula que unos 700.000 ciudadanos españoles depositaron sus ahorros en ese agujero de los que muchos son personas de avanzada edad que se han pasado toda la vida ahorrando para encontrarse al día de hoy sin nada. Usted no paga la hipoteca: el banco le quita la casa y además usted sigue siendo deudor. Usted tiene su capital invertido en participaciones preferentes y al banco le va mal por su mala gestión: a usted no le devuelven su dinero y encima el Gobierno le recorta en sanidad y le congela la pensión.

Si el ministro de Economía, Luis de Guindos, admitió que las preferentes han sido “un gran engaño para el ahorrador español” y “un error”, ya que “se inició la comercialización a particulares cuando ya las instituciones no las compraban, en el año 2008” ¿Tiene lógica entonces que el Gobierno aun reconociendo semejante engaño no haya hecho absolutamente nada a favor de tantas personas afectadas y a cambio Guindos dejara claro en el Congreso que el Estado dará a Bankia toda la ayuda que necesite y que el apoyo “será incondicional”? ¿Tiene lógica que Guindos redundara en la "”absoluta confianza" del Ejecutivo en el Banco de España y en sus técnicos, y defendiera el "ejercicio de transparencia" que estaba haciendo el Ejecutivo en el sector financiero “nunca visto anteriormente en España”? Si existía esa absoluta confianza ¿por qué el PP rechazó la comparecencia en el Congreso de Fernando Ordóñez cuando quiso explicar la crisis de Bankia e igualmente rechazó en la subcomisión sobre Restructuración Bancaria del Congreso de los Diputados las explicaciones reclamadas por los grupos del propio expresidente de Bankia Rodrigo Rato? Presionado por autos judiciales, el pasado día 11 Rajoy rectifica y el PP pide 24 comparecencias, entre ellas las de Rato, Solbes y Salgado. ¿Qué nos deja claro todo esto? Que la nueva ética política es simplemente la conveniencia pura y dura. Nada más.

Si algo tiene de favorable esta crisis económica-financiera es, en mi opinión, por la visión mucho más definida que da sobre los ineptos, corruptos e incompetentes que son nuestros empleados políticos, que como niños malcriados que han crecido sin disciplina ni limitaciones, polemizan, mienten y abusan del miedo y la debilidad de los ciudadanos, encargados de mantenerlos. La clase política española, ya sea de un color u otro, ha perdido el camino ético. Miente. Miente cuando se dicen dialogantes y no lo son. Miente con retóricas preñadas de palabras grandilocuentes cuando disfrazan indignamente sus errores y cuando olvidan sin rubor sus programas y sus promesas electorales que fueron las que les dieron el voto. Miente de modo congénito, deliberado, habitual y permanente. Miente para desprestigio de la política. Miente por temor al poderío financiero. Miente para ocultar la verdad.

Ante semejante escenario político me pregunto: ¿Llegará un día en que los ciudadanos seamos capaces de sacudirnos esta indolente pesadumbre, este sentimiento fatídico y a cambio impulsemos una Asamblea Constituyente y un referéndum que obligue a nuestros empleados los políticos a que atiendan sólo a ideologías políticas y no económicas, de manera que las inversiones en sanidad, educación e investigación dependan de un consenso social antes que político? ¿Que de verdad consigamos que paguen más los que más tienen y que no siempre recaiga el peso de los recortes sobre los sectores más habituales?

La crisis económica que vive España se ha convertido más que nunca en una crisis de valores y derechos humanos que está desmoronando la democracia sostenible y el estado del bienestar, que tanto esfuerzo y sacrificio costó alcanzar. El objetivo de los grandes poderes económicos y de aquellos políticos puestos a su servicio es paralizarnos con el miedo. Y eso, los ciudadanos, no lo vamos a consentir.

Aquí tenemos
Un ejemplo impresionante          
                                                                Maite García Romero